La Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial constituye el órgano encargado de la representación legal, dirección y coordinación institucional del Tribunal, impulsando la ejecución de los acuerdos del Pleno y promoviendo las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de esta institución. De conformidad con lo previsto en el artículo 103 Quinquies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Presidenta tiene las atribuciones siguientes:

• Presidir las sesiones que celebre el Pleno del Tribunal, así como girar las convocatorias para las sesiones plenarias.
• Informar al Pleno sobre el seguimiento que se dé a los asuntos resueltos por éste.
• Elaborar los proyectos de reglamentos y acuerdos generales que deba decretar el Pleno.
• Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Tribunal y ordenar se turnen los expedientes entre sus integrantes para que, siendo ponentes de los asuntos que instruyan, formulen los proyectos de resolución.
• Acordar el desahogo de consultas y opiniones a las autoridades que lo requieran, conforme a las leyes respectivas.
• Admitir y tramitar excusas y recusaciones de las Magistradas o los Magistrados y de la Secretaria o el Secretario General de Acuerdos.
• Rendir los informes previos y justificados, respecto de los juicios de amparo que se promuevan contra actos o resoluciones del Pleno.
• Convocar al Pleno a sesiones extraordinarias cuando lo considere urgente, lo estime necesario o cuando le sea solicitado por una Magistrada integrante del Pleno.
• Ordenar la publicación de los precedentes relevantes que dicte el Pleno del Tribunal, en los términos que dispone esta ley.
• Proponer al Órgano de Administración Judicial el nombramiento del personal necesario para el despacho de los asuntos del Tribunal, conforme a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión Resolutora del Tribunal de Disciplina Judicial es la encargada de resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas. Su intervención varía según el tipo de falta: en los casos de faltas No Graves, conoce una vez que ha transcurrido el periodo de alegatos, momento en el que declara el cierre de instrucción y procede a resolver; mientras que, en las faltas Graves, interviene después de haber concluido la audiencia inicial, dando continuidad al procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En ambos casos, el expediente de responsabilidad administrativa es turnado por la Comisión Substanciadora, garantizando la imparcialidad y el debido proceso a fin de resolver el fondo del asunto.

En el ejercicio de su potestad sancionadora, la Comisión Resolutora puede imponer las medidas disciplinarias que la ley faculta, tales como: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución o la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.