Para incentivar la mejora continua que se traduzca en un servicio eficiente a los justiciables, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), entregó el premio denominado “Nuestro Esfuerzo es Reconocido 2020”, a trabajadores de base agremiados al sindicato “7 de Mayo”. 
En presencia de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado y del Delegado del sindicato en el Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada Presidenta, explicó que, para la entrega del premio, se conformó una Comisión Evaluadora, que analizó puntualidad, años de servicio, eficiencia, dedicación y esfuerzo, durante el primer y segundo semestre de 2020.
De esta manera, la Comisión Evaluadora entregó el dictamen que avaló el cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria privada, que se realizó el pasado 25 de noviembre de 2021; donde acordaron premiar a seis personas.
Para el primer lugar, fueron un hombre y una mujer, quienes se hicieron acreedores a un nivel laboral; el segundo lugar fue para dos mujeres, con ocho mil pesos cada una, y finalmente, para el tercero, fueron un hombre y una mujer, con cuatro mil 500 pesos. 
En la entrega, tanto la Magistrada Presidenta como las y los consejeros de la judicatura, precisaron que el premio es un reconocimiento al esfuerzo que día a día demuestran en todas sus actividades jurisdiccionales y que impacta de manera favorable en los justiciables tlaxcaltecas.

En sesión ordinaria de Pleno, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), tomó protesta a una persona que cumplió con los requisitos para el cargo de Juez Municipal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado, y 2Bis Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

El abogado que cumplió con los requisitos establecidos en la norma, fue el integrante del Ayuntamiento de Cuaxomulco. Se trata de Jonathan Montiel Nophal.

De esta manera, ya son 27 las juezas y los jueces municipales que cumplieron con los requisitos de Ley, y rindieron protesta ante el Pleno del TSJ.

Los requisitos que marca la norma para recibir el nombramiento, consisten en presentar título y cédula profesional, así como la copia certificada del acta de Cabildo, en la que fueron designados como Juez Municipal.

Además, Carta de No Antecedentes Penales, de No Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de No Inhabilitado, así como constancia de radicación y acta de nacimiento.

En aras de mantener en constante capacitación al factor más importante de la institución, el capital humano, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), y la representante legal de la Asociación Civil “Centro de Ética Judicial”, firmaron un convenio de colaboración y cooperación que impactará favorablemente en los justiciables.  
En su intervención, la Magistrada Presidenta, resaltó el interés por trabajar de manera conjunta con el Centro de Ética Judicial A.C., en pro de materializar los derechos humanos en el país, tarea, que dijo, no es fácil, pero uniendo esfuerzos entre los poderes públicos y la sociedad civil se podrá avanzar con mayor rapidez en la búsqueda de ese objetivo.
Reiteró que en el TSJ-CJE tienen el firme compromiso con la cultura de los derechos humanos, que se ve reflejado en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales.
“Como se ha dicho en múltiples ocasiones las reformas a nuestra Carta Magna del 2011, en materia de derechos humanos constituyen un parteaguas que obligan a todas las autoridades desde el ámbito de su competencia a actuar buscando la promoción, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, particularmente, en la administración de justicia, se refleja en el quehacer que día a día llevan a cabo quienes  integran los diferentes juzgados atendiendo a la ciudadanía que acude a dirimir sus controversias”, detalló.
Por ello, resaltó la importancia de que el personal jurisdiccional cuente con los conocimientos y herramientas necesarias para lograr ese objetivo, aunado a mantenerse en constante capacitación en la materia, que involucre no solo la legislación nacional, sino que se expandan los conocimientos a las fuentes internacionales.
El acuerdo de colaboración y cooperación con el Centro de Ética Judicial A.C., permitirá al personal jurisdiccional capacitarse en Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través del conocimiento sobre la Aplicación de los Tratados Internacionales en la materia y otros temas de gran interés, que se verán reflejados en la impartición de Justicia.
Por último, la representante legal de la Asociación Civil, María José Nuñez Glennie, manifestó que, con la firma del convenio, se podrán conjuntar acciones en beneficio de los justiciables, tales como conferencias y talleres que serán impartidos por ponentes de excelencia académica.  
Finalmente agradeció el interés de la Magistrada Presidenta por buscar generar buenas prácticas judiciales; “estamos ciertos que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano y más en administración de justicia, ya que sin ella se vulneran los derechos humanos”.
A la firma de convenio, que se realizó vía remota, para cuidar la salud de las personas por la contingencia generada por Covid-19 y sus variantes, acudieron Magistradas y Magistrados, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, la Directora del Instituto de Especialización Judicial y la Directora General de la Asociación Civil “Centro de Ética Judicial”, Maley Alejandra Infante Moreno.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), participó en el conversatorio que organizaron los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, denominado “Empoderamiento de la Mujer: retos y desafíos en el siglo XXI”, como parte de los actos conmemorativos al Día Internacional de la Mujer. 
En su participación, la Magistrada Presidenta resaltó que los logros que han obtenido en materia de igualdad de género, han sido posibles gracias al liderazgo de mujeres como el de la Gobernadora del Estado, diputadas, académicas, entre muchas otras.
Refirió que en México y en Tlaxcala, se han dado importantes avances en el camino hacia la igualdad de género, entendida como la situación en la cual las mujeres y hombres acceden a las mismas posibilidades y oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, recursos, servicios de la sociedad, como en la toma de las decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Sin embargo, consideró que la disparidad entre los géneros es el principal obstáculo al que se enfrentan las mujeres, misma que se refleja en la brecha salarial, en el trabajo doméstico y no remunerado que recae principalmente en las mujeres y niñas, la violencia laboral, el hostigamiento y acoso sexual, los estereotipos, prácticas, usos y costumbres discriminatorios que se encuentran presentes tanto en el ámbito público como en el privado.
Manifestó que la igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido discriminadas, y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen esa desigualdad y acorten las brechas, “el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como un principio constitucional la igualdad de género al establecer que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismo derechos y deberes frente al Estado y la sociedad. 
Asimismo, dijo que éste principio está plasmado en documentos internacionales, como la Convención de Belem Do Para, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que es considerada la Carta Internacional de los derechos de la mujer, porque establece un marco legal obligatorio para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de incorporar la perspectiva de género en todas las instituciones, políticas y acciones.
Por ello, se pronunció por generar políticas de igualdad y aceptar que es responsabilidad de toda la ciudadanía generar acciones cotidianas para hacer la diferencia, tales como el uso de lenguaje incluyente, educar a los hijos sin roles, estereotipos y prejuicios por razón de género, denunciar el hostigamiento y el acoso sexual. 
Finalmente, afirmó que en la medida en que se logre erradicar la discriminación de género, habrá un verdadero reconocimiento a la dignidad de la mujer y solo entonces, se dará el derecho de las mujeres a una vida digna en la que puedan vivir en igualdad de condiciones y libertades.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), recibió el certificado del “Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles”, de manera remota de parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), por cumplir con los estándares para la debida implementación en esta materia. 
El certificado que entregó la CONAMER, organismo del Gobierno Federal, promueve la correcta implementación de los Juicios Orales Mercantiles en los Tribunales del país, a través de acciones de mejora regulatoria que aseguren una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita.
Asimismo, la CONAMER destacó la Publicación del Catálogo de Regulación, Trámites y Servicios del Poder Judicial del Estado, pues con ello, se logra modernizar y agilizar trámites y servicios para generar cambios positivos en el Tribunal, y así cumplir con lo estipulado en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene que ver con la implementación de políticas públicas de mejora regulatoria. 
En su intervención, la Magistrada Presidenta, destacó que el pasado 7 de octubre de 2021, el Consejo de la Judicatura aprobó la participación del TSJ-CJE, en el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM).
Resultado de este trabajo, en coordinación con la CONAMER, el TSJ-CJE cumplió con los estándares para la correcta implementación de los JOM, a través de acciones de mejora regulatoria que aseguran una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil. 
Asimismo, resaltó que, con la implementación del Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios, el Poder Judicial del Estado ofrece 10 trámites y seis servicios no jurisdiccionales en las áreas de: “Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información, Archivo Judicial, Contraloría, Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Tesorería, Secretaría Ejecutiva, Secretaría General de Acuerdos y el Instituto de Especialización Judicial”. 
De esta manera el Poder Judicial del Estado da cabal cumplimiento como sujeto obligado a implementar herramientas en materia de mejora regulatoria, lo que permite a los ciudadanos realizar trámites o acceder a un servicio de manera óptima y transparente. 
Con ello, el TSJ-CJE se suma a los Tribunales de los estados que tienen su certificado vigente y que son Puebla, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo, San Luis Potosí y Nayarit.
Al evento que se realizó en forma mixta: presencial y a distancia, acudieron las Magistradas y Magistrados, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, y Juez del Juzgado Mercantil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Además, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); el titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; y de manera remota, el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria

En la ceremonia del XXIX Aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, destacó la relevancia de que los juzgadores locales como operadores jurídicos, observen el principio ‘Propersona’ como un criterio de interpretación a las normas relativas a los Derechos Humanos.
En el acto que encabezó la Gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la Magistrada Presidenta destacó que, en el TSJE han establecido el parámetro de análisis que los jueces toman en consideración, y que en esencia son tres: ‘Los derechos humanos establecidos en la Constitución federal’ y la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; los Derechos Humanos contenidos en tratados Internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte; y, ‘Los criterios vinculantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos’, establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte.
Lo anterior, favorece a las personas con la protección más amplia, y en el caso de existir varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces y juezas deberán preferir la de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, para evitar venerar el contenido esencial de éstas garantías.
Cortés Ornelas destacó que, además del conocimiento de la normatividad local y federal, los juzgadores consideran también los criterios establecidos en los tratados internacionales, para incrementar la efectividad en la  aplicación del principio Propersona en las sentencias, por ello, a través del Instituto de Especialización Judicial (IEJ), el Poder Judicial ha implementado un programa de capacitación continua para fortalecer el respeto a los derechos humanos, con cursos como, “Taller de Análisis de Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”; curso “Los Derechos Humanos y la Administración de Justicia”, y, la “Capacitación y Formación de  Capacidades sobre el Control de Convencionalidad del rol del Poder Judicial en el acceso a la Justicia”.
A la ceremonia asistieron el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso el Estado, Miguel Ángel Caballero Yonca, la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, así como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral de Tlaxcala.